Las comisiones de Justicia, Trabajo y Presupuesto de la Cámara Alta nacional analizaron proyectos que avanzan en materia de protección a sectores vulnerados. Una iniciativa analiza la sanción y erradicación de la violencia familiar. Incluye la responsabilidad de los familiares de la víctima, la garantía de los derechos de los niños, la violencia sexual como parte del abuso en el seno familiar y el tratamiento psicológico para los agresores. “Apunta a que cualquier persona podrá solicitar el restablecimiento de sus derechos mediante las respectivas leyes locales”, explicó el entrerriano Pedro Guastavino (FpV). El otro texto aborda la penalización del cliente de la trata de personas, como parte de las medidas necesarias para eliminar esta forma de explotación.La psicóloga Eva Giberti fue la encargada de presentar uno de los proyectos: “Es importante contemplar la obligación de los familiares de la víctima de denunciar los hechos cuando suceden”, remarcó. A su vez, apuntó que “se debe garantizar el derecho de los niños a ser oídos” y agregó que “esta ley va a indicar el tratamiento psicológico que corresponde para los agresores”.
Por su parte, el juez Héctor Raffo, declaró que “el agresor debe poder subjetivizar sus actos y responsabilizarse por los mismos”. El magistrado cargó contra la ausencia del Estado, al asegurar que “la cuestión familiar no es íntima de cuatro paredes, es una cuestión social”.
Respecto a la iniciativa para penalizar a los clientes de la trata de personas, Giberti declaró que “los organismos internacionales la ponen como parte del crimen organizado”. No obstante, advirtió: “Todos esos convenios son firmados por varones, por lo que se entiende que no quieran usar la palabra ‘cliente’. Pero estas son víctimas esclavas y lo que hacen con su cuerpo no es una clase de trabajo”, consignó Parlamentario.
Por su parte, el juez Héctor Raffo, declaró que “el agresor debe poder subjetivizar sus actos y responsabilizarse por los mismos”. El magistrado cargó contra la ausencia del Estado, al asegurar que “la cuestión familiar no es íntima de cuatro paredes, es una cuestión social”.
Respecto a la iniciativa para penalizar a los clientes de la trata de personas, Giberti declaró que “los organismos internacionales la ponen como parte del crimen organizado”. No obstante, advirtió: “Todos esos convenios son firmados por varones, por lo que se entiende que no quieran usar la palabra ‘cliente’. Pero estas son víctimas esclavas y lo que hacen con su cuerpo no es una clase de trabajo”, consignó Parlamentario.