No hay un solo organismo en el Estado entrerriano que se especialice en casos de corrupción administrativa. Esta afirmación podría ser rebatida con el ejemplo de la Oficina Anticorrupción (OA) que depende de la Fiscalía de Estado. No es conveniente entrar en esas comparaciones. El área que hoy está a cargo de Julián Gracia no tiene por objeto iniciar investigaciones en el seno de la administración. En la actualidad se trata de un área abocada a continuar las causas que se iniciaron en el pasado y la Justicia se tomó más de una década en resolver. Un ejemplo cercano, el que tiene al funcionario provincial Héctor Alanis, recientemente sobreseído por la cámara. Esa medida será apelada por la Procuración General y también por la OA. En la Convención Constituyente de 2008 se impulsó y luego se plasmó en el texto magno la creación de la Fiscalía Anticorrupción. La idea, promovida por el entonces convencional por el oficialismo Julio Federik, pretendía que sea el Poder Judicial quien investigue la corrupción en el Estado a través de un órgano especializado.El artículo 208 de la Constitución reformada establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Ese funcionario deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal “asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido”, según se lee en la letra constitucional.Ese proyecto fue tomado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para desligar al organismo que presidente de originar la investigación penal y sólo actuar en la cuestión civil que, es en definitiva, es por la que tiene que hurgar. Es decir, por el patrimonio del Estado.
Hace dos años, con Jorge Busti al frente de la Cámara de Diputados, se intentó avanzar en la creación del organismo que, por Constitución, tiene la facultad de impulsar la investigación de los agentes del Estado provincial en todas sus áreas centralizadas y descentralizadas, de las empresas, sociedades y todo ente en que el Estado tenga participación. En todos los casos, las investigaciones se realizarán “por el solo impulso” de la fiscalía con la competencia especial y “sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga”.
Del 2008 a la fecha no hubo un solo proyecto al respecto. Página Judicial hizo un repaso de las iniciativas ingresadas en la Legislatura (tanto en oficialismo como en la oposición) y no encontró nada. En el Ejecutivo tampoco hay un proyecto en ese sentido. La creación de un área especializada en casos de delitos al Estado no es un reclamo que se haya escuchado en los tribunales.
Triste historia
Con la llegada de Sergio Montiel a la Casa de Gobierno, a fines del año 1999, se instauró la premisa de investigar hechos de corrupción, precisamente en áreas que respondían al Poder Ejecutivo.
Ante esa impronta, el radical creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Se trató de un organismo que dependía de la Legislatura. Se avanzó en varios casos que luego fueron materia prima de los capítulos negros para la clase política. Desde allí se investigó a Abelardo Félix Pacayut, por las viviendas en el complejo Mazaruca y el Puerto Ibicuy; a Oscar Horacio Mori, por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); a Domingo Daniel Rossi, por enriquecimiento ilícito; y al propio Montiel por la causa San José. Estos son algunos de casos a los que se llegó a una condena.
Busti, en su tercera gestión, tomó la decisión de reemplazar la FIA por otro organismo. Con duras críticas al titular de la FIA, Oscar Rovira, creó la OA que iba a depender de la Fiscalía de Estado. En el artículo 4º de su creación se le asignó al organismo sólo las investigaciones que “encomiende el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo”. El Ejecutivo que investigue a funcionarios del Ejecutivo. El resultado no podía ser otro que la nada.
La casi nula gestión del nuevo organismo creado con la vuelta del peronismo a Casa de Gobierno tuvo a la acción penal bien lejos de sus pasillos. Enfrente, en los tribunales, se abrió solo una causa y a raíz de una publicación de la revista Análisis en que mostró el manejo irregular de fondos por parte del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende.
El crecimiento del funcionario, por ejemplo, sería complicado de investigar. Otro desinterés por parte de la Legislatura y el Ejecutivo ha sido en dictar una Ley de Ética Pública, marco legal y de procedimiento para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores. Fue una promesa que surgió en 2003. Es otra deuda que, como muchas causas en la Justicia, cumplió una década.