Luego de la polémica generada por la creación por decreto, de una empresa de salud para manejar el nuevo hospital de Paraná, el gobernador Sergio Urribarri decidió dar marcha atrás con la creación por decreto de la empresa “Salud de Entre Ríos SE”. No obstante, persiste en la polémica idea, ya que, a la vez decidió avanzar por el camino de Legislatura para plasmarla por ley, según adelantó hoy Análisis Digital. Sin embargo, y según constató RC, hasta la tarde de este miércoles no había ingresado ninguna iniciativa en la Legisltaura. Paralelamente a través del expediente 1726492 el gobierno provincial utilizó recursos de ley destinados a ayudar a indigentes, para capitalizar los 50 millones de pesos que necesita la cuestionada empresa para empezar a funcionar.Ni la endeble defensa que realizó el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, alcanzó para sostener la idea del gobierno provincial de crear la Empresa de Salud de Entre Ríos SE por decreto, motivo por el cual, y condicionado por el vuelo mediático que tomó el tema, el gobernador Sergio Urribarri volvió sobre sus pasos y decidió archivar la idea de crearla por decreto. Y ahora, pretende transitarla por una Legislatura que no se muestra demasiado convencida en darle curso a una ley que tiene más polémicas que precisiones. Pero lo que más preocupa es el origen de los fondos para capitalizar los 50 millones de pesos que necesita la empresa.
Rodríguez Signes, en su momento, salió a defender la decisión original sosteniendo que Salud Entre Ríos del Estado se creó porque el PAMI pidió que el nuevo hospital que se está por inaugurar en Paraná sea administrado en forma descentralizada, según una interpretación quizás un tanto forzada que en ningún en momento, en realidad, se compadece con lo que dice el convenio rubricado por decreto 280 del 22 de Febrero de 2.011. Incluso hubo durante el trámite objeciones de tipo técnico por parte de los propios funcionarios de economía de la provincia.
El tema abrió miles de puertas a conjeturas de todo tipo, ninguna con el alta médica de hecho, lo que llevó al gobernador a bajar la creación de la empresa por decreto, de la cresta de la ola, en un momento electoral sensible y sí, avanzar en crear un instituto o algo parecido pero por ley.
Si bien ya empezó a pilotear la idea con algún referente importante de la Legislatura, sobre todo en Diputados, el tema no cierra y viene causando escozor, incluso en la propia tropa, que ya no está tan convencida de llevar adelante iniciativas de alto costo a menos de tres meses de que se vaya este gobierno y en plena contienda electoral.
Por su parte, el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, y actual intendente de Concordia, Gustavo Bordet, decidió que sobre este tema específico, él no va emitir opinión alguna ni a favor ni en contra. Es decir que va a militar en ese sentido el más absoluto de los silencios ante lo cual no será difícil suponer su posición al respecto.
Salvo que el Ejecutivo cuente con la mayor de las obediencias debidas en la Legislatura provincial, las explicaciones que deberá dar el autor de la iniciativa deberán ser por demás de convincentes, habida cuenta de que la creación de la empresa genera una montaña de dudas a lo que se le suma que ahora se enteraron de que los fondos para capitalizar la futura sociedad van a salir en primera instancia de la ley 4035.
Ligeramente la oposición dice que las actuales autoridades de Salud quieren hacer un mini IOSPER con esa empresa con lo que ello implica. Y destinado fundamentalmente -aseguran- a garantizar un futuro tranquilizador para funcionarios que próximamente sean corridos de los lugares que hoy ocupan, incluyendo para ello la más preciada autarquía por supuesto. También daría lugar la futura empresa a la administración de un montón de millones de pesos que llegarán por el nuevo hospital, a lograr la compra de medicamentos en forma centralizada y por supuesto a hacer una seductora bolsa de trabajo.
Atado a lo anterior, casualmente o no en declaraciones a la prensa, por estas horas, Bordet dijo en alusión a sus futuros ministros, que el de Desarrollo Social por ejemplo (no habló de otro) deberá tener determinadas características: el actual sabrá entonces si son las suyas o las de otro.
El tema que más preocupa a los legisladores oficialistas, en realidad a los que se han involucrado con el tema, es que se han enterado que por expediente 1726492 –Imputación de Fondos (Resolución 1358-15), el gobierno decidió meter mano en los fondos de la Ley 4035 (creada en la década del ’50 para destinar a ayudar a indigentes) para capitalizar la sociedad. Si bien es de suponer que esa plata será devuelta en algún futuro no tan cercano, lo curioso es que el gobierno entienda como de uso y costumbres normal redireccionar fondos originalmente destinados a sectores tan sensibles como los que contempla la 4035, para otra cosa.
Nada de esto convence a quienes tienen que asentar la firma en la Legislatura. Por ello y aunque todavía se esté en período de ablande, el proyecto por si acaso, sigue en manos del Ejecutivo.